Libertades en retroceso
Entre el autoritarismo y la defensa de la democracia en América Latina
La gestión de la emergencia sanitaria del Covid 19 habilitó limitaciones a los derechos civiles y políticos que permanecen vigentes, superada la pandemia.
Entre esas y otras señales de alarma sobre el cierre creciente del espacio cívico, “Libertades en retroceso. Entre el autoritarismo y la defensa de la democracia en América Latina” enfoca las restricciones crecientes a los derechos a la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica entre 2021 y 2022, en 13 países que integran la Alianza Regional por la Libre Expresión e información: Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
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¿Qué es el espacio cívico y cuál es su situación en la región?
Por espacio cívico entendemos, tal como plantea la OHCHR, un contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social de nuestras sociedades. Permite que las personas y los grupos contribuyan a la elaboración de políticas que afectan sus vidas al facilitarles, entre otras posibilidades: acceder a la información, participar en el diálogo, manifestar apoyos, disidencias o desacuerdos, y unirse para expresar sus opiniones.
En los últimos años varios países de América Latina han sido epicentro de tendencias de descrédito hacia la sociedad civil e iniciativas de criminalización y eliminación de grupos dedicados al ejercicio, promoción y defensa de los DD.HH. El recorte creciente del espacio cívico impacta y resquebraja el sistema democrático y la pérdida de independencia de las instituciones públicas.
Tendencias y señales de alerta
Discurso hostil de altos funcionarios/as que en algunos casos incentivan la polarización y una creciente intolerancia hacia los grupos con opiniones diferentes.
Iniciativas y estrategias legales restrictivas que impactan negativamente en el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica.
Existencia de lógicas de intimidación y amenazas hacia sectores críticos que se traducen en persecución judicial y penal por ejercer derechos civiles como libertad de expresión, protesta pacífica y libre asociación.
Retrocesos en materia de acceso a la información pública y opacidad en la gestión pública.
Tolerancia de grupos paraestatales que atacan personas y organizaciones que defienden derechos humanos.
Falta de acceso a la justicia en igualdad de condiciones para todos/as.
Falta de voluntad política para respetar la democracia y proteger los derechos humanos.
Llamados a la acción
Los gobiernos nacionales y los mecanismos internacionales deben:
Flexibilizar los mecanismos de ingreso a países frente a situaciones de riesgo y desplazamiento forzado de activistas o personas defensoras.
Mejorar el apoyo operativo por parte de la cooperación internacional para la efectiva defensa y protección de derechos humanos en el terreno.
Promover el trabajo en red y la denuncia de situaciones restrictivas en los países vecinos por parte de la sociedad civil.
Incorporar activamente a los diferentes sectores en el diseño de estándares por parte de los organismos internacionales de protección de derechos humanos.
Es urgente:
Sanear el espacio cívico para construir y sumar legitimidad a los procesos electorales venideros, crear espacios mediáticos más inclusivos, con lugar para todas las voces y minorías.
Avanzar en el abordaje de los desafíos de internet y las nuevas tecnologías sobre el ejercicio de los derechos en línea, pues el espacio cívico depende cada vez más de entornos digitales libres, seguros e inclusivos.
Si quieres conocer más datos y detalles sobre el autoritarismo y la defensa de la democracia en América Latina, no dejes de escribirnos a: [email protected]
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